Colegio y Profesión

La Ingeniería Informática y la labor de sus profesionales suponen un beneficio claro a la sociedad dentro de sus aportaciones en el aspecto técnico que dan sentido y forma a la denominada “sociedad del conocimiento”, a través de múltiples innovaciones que han hecho posible la revolución tecnológica en la que nos encontramos inmersos.
El interés público es un concepto indeterminado y difícil de concretar, pero que viene a fundamentar y justificar la existencia y actuación del Colegio Profesional; también es un concepto jurídico-político que se refleja en los términos de bien común.
Todas estas premisas sirven para desarrollar la idea de utilidad pública e interés social que queremos darle a un futuro Colegio Profesional de Ingeneiría en Informática. Creemos que existen una serie de beneficios que se aportarían a la Sociedad mediante la creación de este Colegio como pueden ser:
En sus relaciones con la Administración: puede ejercer funciones administrativas previamente delegadas, ejercer competencias atribuidas normativamente, ser oído en la elaboración de disposiciones administrativas que afecten a sus intereses, participar en órganos administrativos, emitir informes, elaborar estadísticas, etc.
En sus relaciones con la Administración de Justicia: dado que cada vez son más frecuentes las relaciones con los Jueces y Tribunales en cualquiera de sus órdenes civil, penal, administrativo o laboral, en especial cuando requieren la colaboración de la figura del perito, cuya labor debe ser desempeñada por un técnico con conocimientos científicos sobre la materia objeto del litigio y que posea el título correspondiente. El peritaje informático comienza a ser reclamado por nuestras autoridades judiciales y necesita una respuesta responsable que ofrezca las garantías que impone la tutela judicial efectiva.
En sus relaciones con los ciudadanos/consumidores: en cuanto que la informática se ha convertido en uno de los bienes y servicios más reclamados por los consumidores, a éstos se les debe garantizar el acceso a un mercado de libre competencia, sin monopolios, y con las máximas garantías del respeto a sus derechos.
En sus relaciones con las empresas privadas: ya que siendo la competitividad uno de los objetivos básicos de la economía actual, sin duda debe pasar por una adaptación a las nuevas realidades técnicas de la informática. Por ello, muchas de nuestras empresas necesitan un asesoramiento, un estudio de sus necesidades, que debe ser facilitado y garantizado por los profesionales de la informática y su respectivo Colegio Profesional.
En sus relaciones con la protección del honor y la intimidad personal y familiar: de tal forma que quienes tengan acceso y posibilidades de manejar información automatizada que contenga datos de carácter personal, puedan hacerlo con las máximas garantías de que los derechos constitucionales de los ciudadanos no van a ser vulnerados.
En sus relaciones con la economía y el mercado de trabajo: hacemos referencia sobre todo a la industria del software que necesita de una cultura y una concienciación respecto a la utilización de programas de ordenador originales. Los datos que ofrece un informe realizado en septiembre de 1995 por Price Waterhouse para la Business Software Alliance habla de más de un 52% de copias ilegales en Europa en 1994, y de un 73% en España; las consecuencias son nefastas para la Administración que deja de ingresar dinero a través de impuestos, para el mercado laboral que pierde miles de puestos de trabajo, para la investigación que cuenta con menos recursos y, en definitiva, para los usuarios que obtienen menos garantías.
Podríamos continuar con una larga lista que justificara el interés público en regular esta profesión de los Ingenieros en Informática, pero simplemente basta con echar una mirada alrededor para comprender la importancia de este fenómeno y la necesidad urgente de controlar y garantizar su utilización.